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Corrupción en fallo de Magistrado Benavides para beneficiar reelección de rector García de Paredes


Aquella semana, la penúltima de junio de 2011, Gustavo García de Paredes saboreó dos veces la victoria: una, el día 29, cuando por una leve diferencia ganó la rectoría de la Universidad de Panamá (UP), y otra no menos dulce, seis días antes, el 23, cuando la Corte Suprema de Justicia legitimó su candidatura, aun cuando la habían demandado por inconstitucional.
García de Paredes, electo por quinta vez, celebró en grande haber salido airoso de la ‘tempestad'. Después de eso empezaron a llamarle el ‘eterno'. Sus opositores vieron ascender en el escalfón a sus más ‘fieles', y se vendieron los millonarios terrenos de la universidad en Tocumen, de los cuales aún la UP espera pago.
Para algunos, esos fueron, sin dudas, los mejores tiempos de fiesta en la UP. Por año recibían, en promedio, $200 millones en presupuesto, mientras la matrícula se reducía hasta en una quinta parte. La celebración por la nueva era del viejo rector paercía eterna sin que muchos tuvieran idea de la trama que había detrás.
Pero siempre hay un testigo incómodo. En esta historia de irregularidades judiciales y cercanías políticas que rozan la frontera de lo ilegal, resultó ser Aristóteles García, ex ‘mano derecha' del rector y quien ha puesto todo a la luz: García de Paredes corrió y ganó en la UP por el apoyo de un magistrado y la extraña manera en la que éste falló. Se trata de Víctor Benavides, el mismo juez hoy en la palestra, investigado por supuesta venta de fallos y pedofilia.

BENAVIDES, EL AMIGO...
Antes de decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad que presentó el exmagistrado Edgardo Molino Mola contra la candidatura de García de Paredes, el 1 de junio de 2011 Benavides le pidió a su asistente algo singular: Llamar al rector y pedirle una dirección de correo porque necesitaba remitirle un documento en formato de Word. Nada del otro mundo.
Bolívar Perigault Sánchez, compañero del magistrado en la dirección de la Escuela Judicial de la Corte y en eventos sociales oficiales, cumplió la orden. Telefoneó a García de Paredes, quien estaba ajetretado con detalles de su campaña para la reelección en el edificio 2025 de la UP.
El rector dijo no tener dirección electrónica y pidió a su entonces asesor Vicente Archibold que respondiera. Éste se negó: ‘Eso que quieren hacer es ilegal', insistió, según ha recordado Aristóteles García.
¿Qué era lo ilegítimo? Benavides remitió a García de Paredes el proyecto de fallo que redactó, y que le permitiría correr por quinta vez para la rectoría de la UP. El documento no había pasado siquiera por las manos del resto de la Corte. ‘Era —según Aristóteles— para ver si a la universidad le convenía el fallo'.
‘Favor revisarlo y reenviar el documento corregido a este correo', pidió Perigault al asistente del rector, en la escueta misiva que firmó ‘BPS', las iniciales de su nombre.
Perigault Sánchez fue astuto y cortés. Empezó aclarando que ‘por orden del señor magistrado Benavides le envío lo acordado' y terminó con porras: ‘Éxitos en el torneo'.

El magistrado envió el documento para ver si al rector le convenía el fallo
RUMBO PERDIDO
Aristóteles García presenta el correo sin tambaleos. Fue él quien lo recibió, y pese a la orden del rector de eliminarlo una vez se lo entregara impreso, conservó el mensaje. ‘Me sonó extraño la insistencia de que lo eliminara', argumenta.
Archibold, hoy opositor del rector, asegura no recordar bien los hechos, pero da por cierto que en ‘varias ocasiones' García de Paredes le pedía interceder ante la Corte Suprema en casos que le interesaban. ‘Si eso tenía que llegar a mi correo electrónico seguro me negué. Bastaba con que le dijera que no me iba a prestar para esas cosas y el rector buscaba otras personas', dice.
Esas ‘otras personas' son un misterio. También lo es el rumbo que tomó el documento. ‘Yo no sé a quién se lo consultó', plantea Aristóteles, hoy estudiante de derecho en la propia UP. Archibold sostiene lo mismo: ‘El rector consulta con otros abogados, incluso algunos en la planilla de la universidad'.
Veintitrés días después de enviado el correo entre los asistentes del magistrado y el rector, sucedió el milagro. Benavides pasó su proyecto de fallo y la Corte decidió en pleno que el artículo 50 del Reglamento de Elecciones de la UP no era inconstitucional, como lo aseguraba Molino Mola. Harry Díaz se abstuvo por su amistad con García de Paredes.
Así, el fallo que primero pasó por los ojos de la universidad superó sin problemas el tamiz de la justicia. ‘Si es así, fue algo indebido', apunta Archibold.
CAUSA Y EFECTO
El caso ha venido a ahondar la ya profunda crisis en el sistema judicial. Las revelaciones de Aristóteles García han sido presentadas ante la Asamblea para incorporarlas al proceso que se le sigue a Benavides por el supuesto comercio de sus fallos.
El abogado Ángel Álvarez, quien denunció a Benavides, llevó al Legislativo las nuevas pruebas con una escritura en la que el notario décimo, Ricardo Landero, certificó el 19 de febrero de 2014 que en la cuenta de Aristóteles García había un correo de ‘bolpersa12@hotmail.com, Bolívar Santillana y Vivar', el mismo nombre con el que Perigault registró un blog en la página de internet ‘bligoo.com'.
Las evidencias han sido presentadas también en el despacho de los procuradores Kenia Porcell y Rigoberto González, este lunes.
Quien fuera estrecho colaborador del rector asegura que notarizó el documento y la recepción del correo electrónico para protegerse. Lo han acusado por mal uso de la computadora universitaria, tras poner al tanto de la compra anómala de trece mapas por cerca de mil dólares, para la Facultad de Relaciones Internacionales. Por eso, las autoridades del centro de estudios pretenden su destitución. El caso está en la Corte, el mismo lugar en el cual, arguye Vicente Archibold, García de Paredes "presume tener influencia".
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PERFIL DE LOS INVOLUCRADOS
Benavides fue el ponente del caso que determinó la reelección del rector.
Gustavo García de Paredes es filósofo y rector de la UP desde 1994 (por cinco períodos consecutivos).
Víctor Benavides es abogado y magistrado de la Sala III de la Corte desde 2006. La dejará este año.
(Por Nicanor Alvarado, periodista de Estrella de Panamá)
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Bancos panameños: la mano detrás de la corrupción en el PAN

Lista de Bancos involucrados en millonario caso de corrupción PAN  Fuente: La Estrella
Los bancos locales y sucursales extranjeras fueron supuestos cómplices en la cadena de actos de corrupción administrativa del anterior Gobierno en Panamá, según opinan medios locales de prensa.

Solo uno de los antiguos funcionarios gubernamentales investigados actualmente, el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia, tenía 60 millones de dólares en ocho bancos: Caja de Ahorros (estatal), Global Bank y Banco General (privados panameños); Banco Ficohsa, Banesco, Banistmo, St. Georges Bank y Unibank (de capital extranjero).

En uno de los más recientes artículos sobre el tema, el diario La Estrella recuerda que mucho se habla de los procesados, pero nada sobre la ruta del dinero y la responsabilidad de los banqueros, quienes hasta el momento no aparecen entre los investigados.

De acuerdo con cálculos del rotativo, el desfalco general al erario durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2004-2009) podría ascender a tres mil 484 millones de dólares.

"¿Por qué a ningún banquero lo han llamado a responder por esos miles de millones robados y depositados en bancos, y muchos transferidos a cuentas en el exterior?", pregunta un comentarista al analizar la percepción popular sobre la selectividad en el actuar de la Justicia.

"La comunidad bancaria se rehúsa al ingreso de equipos técnicos de las fiscalías a sus instalaciones para revisar transacciones bancarias. Los fiscales se atemorizan. Los gobiernos, solapadamente, los protegen", fue la respuesta que en un artículo dio el periodista Ebrahim Asvat.

En una entrevista reciente el diputado por el Partido Revolucionario Democrático Samir Gozaine dijo que cuando llegó al cargo los bancos le exigieron múltiple documentación porque se convertía en una "persona políticamente expuesta".

Gozaine analizaba que cualquier alto funcionario gubernamental también debe ser considerado como tal, por tanto, no comprendía cómo Guardia se hizo millonario de la noche a la mañana, sin que el sistema bancario alertara.

Según la estructura institucional panameña, corresponde a la Superintendencia de Bancos y a la Unidad de Análisis Financiero, detectar y actuar de inmediato en casos de movimientos de dinero que resulten sospechosos.

Pero importantes personeros de las entidades financieras y el propio Gobierno reconocen que el sistema fue vulnerado, no solo por los corruptos locales, sino por redes internacionales de lavado de dinero, narcotraficantes, políticos y empresarios extranjeros.

La Estrella recordó los casos más connotados de convictos internacionales que guardan relación con cuentas bancarias en Panamá, como los expresidentes Adolfo López Portillo, de Guatemala, en 2002; Alberto Fujimori, de Perú, en 2005 y Arnoldo Alemán, de Nicaragua, en 2006.

Con ese fatídico historial, el otrora pujante Centro Financiero Internacional, uno de los más importantes del continente, engrosó en 2014 la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), y comenzó una lucha por imponer el control frente a la filosofía del secreto bancario, bajo cuyo manto actuaron impunemente redes delictivas internacionales.

Además de las acusaciones de "paraíso fiscal", el país también recibió múltiples críticas por las facilidades a la apertura de empresas cuyos verdaderos dueños, entre otras prebendas, se escondían tras el artificio de "acciones al portador".

Se trata de un documento legal sin destinatario, que a quien lo posea le hace propietario de las acciones consignadas en el papel; pero en una corrección reciente fue eliminado este procedimiento.

El esfuerzo del actual Gobierno en crear marcos regulatorios tuvo su máxima expresión en la reciente Ley para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Con ello se espera blindar el sistema y evitar las brechas en el manejo de las finanzas en la nación, como sucede en sectores de seguros, casas de cambio, casinos, agentes inmobiliarios, metales y piedras preciosas, entre otros.

Pero los nubarrones creados por el escándalo del PAN y otros que van apareciendo, en los cuales el común denominador es el enriquecimiento ilícito, vuelve la mirada desconfiada a los bancos y a responsables ocultos que aún no son mencionados.

Tal vez el GAFI, cuando en junio próximo analice si levanta las sanciones a las entidades financieras panameñas, se haga la misma pregunta: "¿Por qué a ningún banquero se le ha llamado a responder por esos miles de millones robados y depositados en bancos, y muchos transferidos a cuentas en el exterior?" 
VER: Los bancos, cómplices mudos en los escándalos del PAN aquí
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Diputada Zulay Rodriguez, deja claro que todos fueron cómplices en Acuerdo Moncada Luna

Disputas personales entre el diputados Pedro Miguel González y Zulay Rodriguez, ambos, del Partido Revolucionario Democrático(PRD), sacan a relucir que el acuerdo firmado que dictó sentencia en caso Moncada Luna fue un negociado de palacio entre el gobierno del presidente Juan Carlos Varela y el PRD para tomarse, de forma rápida, el puesto de magistrado en la Corte Suprema de Justicia y tener el control total de esta corporación de justicia, de la misma manera en que todos los gobiernos anteriores lo hicieron.

Este hecho deja clara la complicidad entre las juezas de garantía del proceso, el fiscal del proceso, y el ejecutivo, resultado que tan corrupto han sido los que aplicaron la "justicia" contra el ex-magistrado como el mismo imputado.

Otro episodio más del Panamá Corrupto, y una corrupta nueva en el escenario, con un prontuario acelerado.

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La lucha contra la corrupción requiere dinero y profesionales


Por órdenes del Ministerio Público, se mantienen medidas cautelares a ocho funcionarios del gobierno que jefaturó Ricardo Martinelli, entre ministros, directores y jefes de departamento, mientras que el secretario privado del exmandatario, Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio, se mantiene fuera del país, a pesar de que sobre él pesa una orden de detención.

A esto se suma que la excontralora de la República Gioconda Torres de Bianchini tiene una orden de indagatoria y 29 empresarios, que realizaron negocios con el Estado durante el pasado quinquenio, también están bajo investigación. Algunos con medidas cautelares y otros con declaración jurada e indagatorias pendientes.

Una realidad que pone al Ministerio Público y al país a la expectativa no solo dentro de los límites locales, sino también del extranjero, no únicamente por los resultados que pueda generar la lucha contra la corrupción, sino por los retos paralelos que debe enfrentar la nueva procuradora de la Nación, Kenia Porcell.

Hasta el momento, el Sistema Penal Acusatorio, aprobado en 2008, solo ha sido implementado en cuatro provincias: Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera.

En septiembre próximo, con dos años de retraso, debe iniciarse en Chiriquí y, en el 2016, en el resto del país. Esto implica un cambio en la mentalidad de los funcionarios y la estructura del Ministerio Público, dice James Bernard, abogado que asesoró al diputado Pedro Miguel en el caso contra el magistrado Alejandro Moncada Luna.

Para Bernard, el otro gran reto del Ministerio Público es satisfacer las demandas de la ciudadanía sobre la inseguridad. Está bien todo lo que ocurre con la lucha anticorrupción, pero esos delitos que afectan directamente a la ciudadanía y están relacionados con la seguridad, también deben ser atendidos con el mismo ímpetu.

Por el momento, la procuradora Porcell ha empezado a cambiar la percepción del Ministerio Público, por lo menos, eso es lo que consideran sectores del a sociedad civil organizada.

PRIMEROS DÍAS
En la primera semana de Porcell al frente del Ministerio Público, se produjo la detención de los dos exjefes del Consejo Nacional de Seguridad, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, acusados por los delitos contra la violación del secreto y derecho a la intimidad, hechos vinculados con el espionaje telefónico durante la administración Martinelli.
Pero, dos meses antes de la llegada de Porcell, Rafael Guardia Jaén, principal implicado en el escándalo de corrupción en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), fue detenido.
Los primeros movimientos en la Procuraduría se dieron el jueves 15 de enero, cuando rotaron a las cuatro fiscales Anticorrupción.
PIDEN AUDITORÍA
El abogado Bernard considera que es fundamental que la procuradora realice una auditoría de la entidad para determinar qué funcionarios actuaron bajo los parámetros éticos que requiere la administración de justicia. Por ejemplo, dice que sería bueno conocer el movimiento de los expedientes antes y después de julio de 2014, cuando se dio el cambio de Gobierno, e incluso, hasta después de enero con la llegada Porcell.

El sociólogo Marcos Gandásegui, aunque ve como positivas las investigaciones que se adelantan, alega que estas no son consecuencia de la institucionalidad con que debe operar el Estado, sino más bien de una coyuntura política.

Afirma que es evidente que el Ejecutivo tiene un interés en que se investigue todo lo relacionado con la administración de Martinelli. ‘Está bien que se investigue y se castigue la corrupción, pero el país requiere entidades fortalecidas que no se muevan al ritmo de los vaivenes políticos’, recalca.

En Panamá siempre ha habido corrupción, pero en el quinquenio pasado fue ‘muy rampante’. A eso se suma el hecho de que Martinelli intentó meterse en los negocios de personas que ahora son influyentes en el gobierno y ahora ‘están pasando factura’, analiza el sociólogo.

‘Pero está bien que esto ocurra porque no hay que olvidar que estos funcionarios son transgresores de las leyes’, menciona.

Por este motivo, Bernard considera que el Ministerio Público es una ‘pieza fundamental’ en el restablecimiento de la institucionalidad del país.

Una de las críticas al gobierno de Martinelli fue precisamente el desquebrajamiento de las instituciones. El Ministerio Público no escapó a esa realidad.

Cuando Martinelli apenas cumplía siete meses de gobierno, el cual era encabezado con el actual presidente de la República, Juan Carlos Varela, en calidad de vicepresidente, Ana Matilde Gómez es sacada de la Procuraduría por la Corte Suprema de Justicia.

El periodo de Gómez vencía en diciembre pasado, pero fue interrumpido a la mitad de su mandato.
Con la salida de Gómez, tres procuradores fueron nombrados por Martinelli. Ana Belfón culminó los dos últimos años y, a pesar de las constantes denuncias en los medios de comunicación sobre actos de corrupción de funcionarios, las investigaciones no tuvieron resultados satisfactorios.

Bernard considera que a la procuradora hay que darle un ‘voto de confianza’, pero también pide una estrategia del Ministerio Público para combatir el delito, no solo al tema de la corrupción, sino al crimen organizado y a la delincuencia común .

PRESUPUESTO Y FISCALÍAS
El Ministerio de Economía y Finanzas le aprobó un presupuesto de $116,390,860 al Ministerio Público para el año fiscal 2015. De esta cifra, $98,440,860 son destinados a funcionamiento y el resto ($17,950,000) para inversión.

Del renglón de inversión, $12,250,000 se destinarán a la modernización del Ministerio Público y $5,700,000 a la modernización del Instituto de Medicina Legal.

Ya, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó a la Procuraduría, a solicitud de Porcell, una partida de $12 millones.

La procuradora explicó que estos fondos son para la creación de tres nuevas fiscalías: dos anticorrupción, adicionales a las cuatro que existen, y una especializada en pandillerismo.
Además, que será para ajustes salariales a funcionarios y la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Chiriquí.

Porcell, en una visita al diario La Estrella de Panamá la semana pasada, informó que cada fiscalía acarrea gastos de operaciones anuales por el orden de los $400 mil.

El sociólogo Gandásegui es partidario de que el Ministerio Público debe agilizar las investigaciones porque la ciudadanía espera resultados pronto; sin embargo, desde la perspectiva jurídica de Bernard, los procesos, como en el caso del PAN, pueden tardar años y afirma que hay que recordar que, en la provincia de Panamá, no rige el Sistema Penal Acusatorio, el cual busca agilizar las investigaciones; tampoco puede haber acuerdos, como ocurrió en el caso del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, aunque el sistema permite rebaja de penas si la persona colabora con la justicia, como lo está haciendo actualmente Guardia.

Fuente: Estrella de Panamá. Periodista José Arcia
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