Por órdenes del Ministerio Público, se mantienen medidas cautelares a ocho funcionarios del gobierno que jefaturó Ricardo Martinelli, entre ministros, directores y jefes de departamento, mientras que el secretario privado del exmandatario, Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio, se mantiene fuera del país, a pesar de que sobre él pesa una orden de detención.
A esto se suma que la excontralora de la República Gioconda Torres de Bianchini tiene una orden de indagatoria y 29 empresarios, que realizaron negocios con el Estado durante el pasado quinquenio, también están bajo investigación. Algunos con medidas cautelares y otros con declaración jurada e indagatorias pendientes.
Una realidad que pone al Ministerio Público y al país a la expectativa no solo dentro de los límites locales, sino también del extranjero, no únicamente por los resultados que pueda generar la lucha contra la corrupción, sino por los retos paralelos que debe enfrentar la nueva procuradora de la Nación, Kenia Porcell.
Hasta el momento, el Sistema Penal Acusatorio, aprobado en 2008, solo ha sido implementado en cuatro provincias: Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera.
En septiembre próximo, con dos años de retraso, debe iniciarse en Chiriquí y, en el 2016, en el resto del país. Esto implica un cambio en la mentalidad de los funcionarios y la estructura del Ministerio Público, dice James Bernard, abogado que asesoró al diputado Pedro Miguel en el caso contra el magistrado Alejandro Moncada Luna.
Para Bernard, el otro gran reto del Ministerio Público es satisfacer las demandas de la ciudadanía sobre la inseguridad. Está bien todo lo que ocurre con la lucha anticorrupción, pero esos delitos que afectan directamente a la ciudadanía y están relacionados con la seguridad, también deben ser atendidos con el mismo ímpetu.
Por el momento, la procuradora Porcell ha empezado a cambiar la percepción del Ministerio Público, por lo menos, eso es lo que consideran sectores del a sociedad civil organizada.
PRIMEROS DÍAS
En la primera semana de Porcell al frente del Ministerio Público, se produjo la detención de los dos exjefes del Consejo Nacional de Seguridad, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, acusados por los delitos contra la violación del secreto y derecho a la intimidad, hechos vinculados con el espionaje telefónico durante la administración Martinelli.
Pero, dos meses antes de la llegada de Porcell, Rafael Guardia Jaén, principal implicado en el escándalo de corrupción en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), fue detenido.
Los primeros movimientos en la Procuraduría se dieron el jueves 15 de enero, cuando rotaron a las cuatro fiscales Anticorrupción.
PIDEN AUDITORÍA
El abogado Bernard considera que es fundamental que la procuradora realice una auditoría de la entidad para determinar qué funcionarios actuaron bajo los parámetros éticos que requiere la administración de justicia. Por ejemplo, dice que sería bueno conocer el movimiento de los expedientes antes y después de julio de 2014, cuando se dio el cambio de Gobierno, e incluso, hasta después de enero con la llegada Porcell.
El sociólogo Marcos Gandásegui, aunque ve como positivas las investigaciones que se adelantan, alega que estas no son consecuencia de la institucionalidad con que debe operar el Estado, sino más bien de una coyuntura política.
Afirma que es evidente que el Ejecutivo tiene un interés en que se investigue todo lo relacionado con la administración de Martinelli. ‘Está bien que se investigue y se castigue la corrupción, pero el país requiere entidades fortalecidas que no se muevan al ritmo de los vaivenes políticos’, recalca.
En Panamá siempre ha habido corrupción, pero en el quinquenio pasado fue ‘muy rampante’. A eso se suma el hecho de que Martinelli intentó meterse en los negocios de personas que ahora son influyentes en el gobierno y ahora ‘están pasando factura’, analiza el sociólogo.
‘Pero está bien que esto ocurra porque no hay que olvidar que estos funcionarios son transgresores de las leyes’, menciona.
Por este motivo, Bernard considera que el Ministerio Público es una ‘pieza fundamental’ en el restablecimiento de la institucionalidad del país.
Una de las críticas al gobierno de Martinelli fue precisamente el desquebrajamiento de las instituciones. El Ministerio Público no escapó a esa realidad.
Cuando Martinelli apenas cumplía siete meses de gobierno, el cual era encabezado con el actual presidente de la República, Juan Carlos Varela, en calidad de vicepresidente, Ana Matilde Gómez es sacada de la Procuraduría por la Corte Suprema de Justicia.
El periodo de Gómez vencía en diciembre pasado, pero fue interrumpido a la mitad de su mandato.
Con la salida de Gómez, tres procuradores fueron nombrados por Martinelli. Ana Belfón culminó los dos últimos años y, a pesar de las constantes denuncias en los medios de comunicación sobre actos de corrupción de funcionarios, las investigaciones no tuvieron resultados satisfactorios.
Bernard considera que a la procuradora hay que darle un ‘voto de confianza’, pero también pide una estrategia del Ministerio Público para combatir el delito, no solo al tema de la corrupción, sino al crimen organizado y a la delincuencia común .
PRESUPUESTO Y FISCALÍAS
El Ministerio de Economía y Finanzas le aprobó un presupuesto de $116,390,860 al Ministerio Público para el año fiscal 2015. De esta cifra, $98,440,860 son destinados a funcionamiento y el resto ($17,950,000) para inversión.
Del renglón de inversión, $12,250,000 se destinarán a la modernización del Ministerio Público y $5,700,000 a la modernización del Instituto de Medicina Legal.
Ya, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó a la Procuraduría, a solicitud de Porcell, una partida de $12 millones.
La procuradora explicó que estos fondos son para la creación de tres nuevas fiscalías: dos anticorrupción, adicionales a las cuatro que existen, y una especializada en pandillerismo.
Además, que será para ajustes salariales a funcionarios y la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Chiriquí.
Porcell, en una visita al diario La Estrella de Panamá la semana pasada, informó que cada fiscalía acarrea gastos de operaciones anuales por el orden de los $400 mil.
El sociólogo Gandásegui es partidario de que el Ministerio Público debe agilizar las investigaciones porque la ciudadanía espera resultados pronto; sin embargo, desde la perspectiva jurídica de Bernard, los procesos, como en el caso del PAN, pueden tardar años y afirma que hay que recordar que, en la provincia de Panamá, no rige el Sistema Penal Acusatorio, el cual busca agilizar las investigaciones; tampoco puede haber acuerdos, como ocurrió en el caso del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, aunque el sistema permite rebaja de penas si la persona colabora con la justicia, como lo está haciendo actualmente Guardia.
Fuente: Estrella de Panamá. Periodista José Arcia
Panama esta llena de corruptos !!
ResponderEliminarquien diria ......que tristeza ver que ya las cosas han cambiado tanto, señores yo y mi hija personalmente fuimos víctimas de un gran corrupto Juan Carlos Arauz Ramos y su complice Milagros del Carmen Batista Solis.
hace un par de años estos corruptos cambiaron, manipularon, obligaron, estafaron y han violado los derechos de mi hija y su herencia que dejo su padre el señor Günter Paul Hornberger al morir.
y como en Panama lamentablemente si no tienes dinero no tienes poder para buscar el mejor representante legal pues, me vi obligada a darle la espalda a los derechos de mi hija quien es actualmente menor de edad.
en fin corruptos en Panama nunca faltan , víctimas ya somos muchas ...
que feo todo esto y que vergüenza que Panama siendo tan hermoso sea tan corrupto y que aparezca en internet como uno de las mas corruptos países del mundo.
y donde están estos corruptos ?
alla en sus mansiones , gastando el dinero ajeno .....
pero Dios existe y cuando nos llegue la hora ....ahhhhhh ni con todo el dinero del mundo podrán liberarse de tanto mal que están hicieron y hacen...
por cierto tengo una pregunta para todos los corruptos de Panama ....duermen bien por las noches ???
ja....seguro..
gracias.